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Hugo C. Alvarez Cárcamo, Abogado, Profesor Universidad del Desarrollo.
En los últimos días, hemos sido testigos de la puesta en tabla de la Ley Reservada del Cobre, después de las declaraciones del presidente de Codelco José Pablo Arellano, quien lanzó una ofensiva para derogar el traspaso del 10% de sus ventas a las FFAA. (El Mercurio y La Tercera, martes 24 de junio de 2008), recibiendo de inmediato un elocuente respaldo del propio Ministro de Minería señor Santiago González y en una forma mucho más cuidadosa y cauteloso, del vocero de Gobierno.
Pero lo que llama la atención, es la falta de una argumentación intelectual y técnicamente viable. Así, mientras el Ministro de Minería respaldó el comentario del presidente del directorio de Codelco diciendo “es un tema que quisiéramos avanzar desde hace mucho tiempo. Si hay acuerdo, veámoslo mañana mismo”, declaración que contiene una clara motivación política pero que no contiene ninguna propuesta alternativa de solución que ofrecer. Más preocupante aún, son las declaraciones del propio Presidente de Codelco, quién se supone es un profesional que sabe lo que hace y dice, por algo esta encumbrado en las más altas esferas de la gestión pública, quien declaró que “…la derogación del 10% que va a las FFAA, es una traba desde el punto de vista de los negocios. Eliminarla totalmente ayudaría a nuestro funcionamiento”, y agregó “tendríamos mayor flexibilidad para hacer negocios si ese sistema de financiamiento se reemplaza. Hay negocios que podrían realizarse de una manera más expedita y mejor”. Esta argumentación es muy liviana y claramente no satisface a quienes conocemos estos temas con mayor profundidad.
La Defensa Nacional será siempre un rol permanente y exclusivo de responsabilidad del Estado, personificada esta responsabilidad en el propio Presidente de la República. Además, debemos tomar en cuenta que uno de los fines más preciados de un Estado soberano, es la Seguridad Nacional, o dicho de otra forma, la Seguridad de ese mismo Estado y por ende, el financiamiento de sus FFAA, es un “Deber”, el que además, por la misma razón, está impuesto por mandato Constitucional, a la luz de los artículos 1º inciso 5º y artíclo 6º inciso 1º de la Constitución Política de la República.
Es facil concluir entoces que en este caso en particular, instituciones de tipo permanentes, como es el caso de las Fuerzas Armadas, requieren mecanismos de financiamiento también permanentes en el tiempo, que aseguren y den garantías de su correcto funcionamiento.
Por lo tanto, al radicarse la responsabilidad final del financiamiento de las Fuerzas Armadas en el Estado, éste lo que hace es usar a CODELCO como un instrumento a través del cual se aportan desde el mismo Estado de Chile los recursos económicos necesarios.
Cabe hacer presente, que los recursos no son asignados en forma directa a las FFAA, como cree el común de la gente, sino que existe un organismo llamado el Consejo Superior de la Defensa Nacional, inserto dentro de la orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, presidido por el Ministro de Defensa e integrado por los Ministros de RREE y Hacienda, los Comandantes en Jefe de las FFAA, los jefes de Estado Mayor de la Defensa Nacional y por los Subsecretarios, quienes ejerciendo una labor fiscalizadora, autorizan las adquisiciones propuestas por los planes de cada Institución, y finalmente las compras se autorizan por medio de un Decreto Supremo del Presidente de la República que avala la operación con su firma.
Esto ha permitido tener FFAA modernas, al nivel de las exigencias del siglo XXI, donde los cambios tecnológicos y los avances en los sistemas militares, hacen necesaria una cada vez más rápida y ágil respuesta de sus instituciones armadas y las obliga, no sólo a contar con material de última generación, sino que además, contar con la preparación para sacarle el mayor rendimiento técnico posible.
Desde el punto de vista estratégico, esto debe estar siendo permanentemente monitoreando, para poder incorporar en forma oportuna las modificaciones pertinentes a la planificación estratégica, la que tomará en cuenta los distintos escenarios políticos, regionales y vecinales existentes, manteniendo los equilibrios de fuerzas en material y capacidades, con miras a la disuasión, además de ir de la mano con las evoluciones tecnológicas que vertiginosamente se presentan.
En el desarrollo de los sistemas de armas, nuestra capacidad operativa debe ir siempre mejorando, de la mano con los objetivos nacionales que pretendemos cumplir, considerando que siempre tendremos la sombra y el riesgo de eventuales conflictos. Además, nuestra creciente participación como país en el contexto mundial nos adiciona otras nuevas responsabilidades, por ejemplo: nuestra actual participación en misiones de paz de Naciones Unidas, lo que nos da un status diferente a nivel mundial, estos y otros son aspectos que deben considerarse a la hora de tomar decisiones al respecto.
Por otra parte, nuestras políticas de Defensa incorporan diversas estrategias, siendo una de las más importantes la "Disuasión". Esta política disuasiva no sólo actúa a través de la Fuerzas Armadas, las que evidentemente juegan un rol protagónico, pero deben estar en coordinación con el resto de capacidades del país, en su conjunto, luego, las decisiones que se adopten en esta materia, a favor o en contra de la Ley Reservada del Cobre, producirá necesariamente efectos positivos o negativos en el rol disuasivo de la nación.
Otro antecedente relevante es el origen de esta Ley que data de la década de 1930, con diversas modificaciones posteriores y no del Gobierno Militar como se ha pretendido incubar en la opinión pública nacional.
No parece razonable, en estos momentos, poner en riesgo un sistema de financiamiento que claramente, ha demostrado cumplir eficientemente su cometido, mientras que la proposición de incorporar el financiamiento de las compras militares al presupuesto nacional, podría verse afectado por intereses políticos, que hicieran oscilante la asignación de dichos recursos, poniendo en riesgo la Seguridad Nacional, como ha pasado en otras naciones, y de paso evitamos así la siempre temida politización de las Instituciones Armadas, donde se anteponen intereses que no buscan necesariamente los fines de la Defensa.
Desde otra perspectiva, recordemos que la propiedad de CODELCO es del Estado de Chile, luego, la distribución de esos recursos son justamente, para financiar las obligaciones que el propio Estado tiene por imposición constitucional; por otra parte la propia empresa en la declaración de su misión corporativa dice “ …..con el propósito de maximizar en el largo plazo su valor económico y su aporte al Estado de Chile.”, luego de aquí se desprende que, la misión fundamental de esta empresa del Estado es el aporte de recursos.
Por lo tanto, no podemos imputar a la Ley Reservada del Cobre, la falta de eficiencia en la gestión de Codelco y sus altos y crecientes costos, como tampoco podemos imputarle a la Ley la falta de decisión de sus propios dueños (el Estado de Chile), de reinvertir, capitalizar y/o agregarle valor a la compañía, en lugar de extraer de ella todas sus utilidades.
